Diputados de Santander destacaron el esfuerzo del Gobierno Departamental para lograr los recursos que permitan ejecutar obras de infraestructura.

A 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Infraestructura de Santander ha invertido 333 mil 281 millones de pesos, equivalentes al 66,88% de lo proyectado en el Plan de Desarrollo, en equipamiento, vías, agua y electrificación rural. Se calcula que las metas -al terminar el cuatrienio- podrían superar el 95%, lo que resulta altamente positivo para el departamento, según los diputados quienes analizaron en la plenaria de éste jueves el informe presentado por dicha Cartera.

Los corporados reconocieron el enorme esfuerzo que la Administración Seccional ha venido realizando para lograr los recursos para terminar las obras contempladas en su Carta de Navegación. Recursos provenientes de la venta de Isagén, Fonade, Aeronáutica Civil, Coldeportes, Agencia Nacional de Seguridad y del Ministerio del Transporte, que alcanzan los $286 mil 589 millones, hacen parte de las gestiones del gobierno de Santander, según informó el secretario de Infraestructura, Mauricio Mejía Abello.

“El balance es altamente positivo. Se empiezan a ver las inversiones en grandes obras como el Intercambiador de Fátima, el Intercambiador de Papi Quiero Piña, el de Piedecuesta, obras que van a conectar la zona de Provenza con el Anillo Vial hacia Girón; el Parque de Parapente en Floridablanca (…) todos estas le van a permitir a Santander mejorar las condiciones en infraestructura”, destacó el diputado Humberto Rangel Lizcano.

Además, con Invías se suscribió un convenio para el mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías para conectividad regional por valor de $58 mil 983 millones, con los cuales se atenderán 15 proyectos: Betulia - Puente Ramera; Cimitarra - Puerto Parra y Landázuri; Vereda la Plazuela en los Sectores de Belmonte, Matecacao, Miradores, de Zapatoca; Guaca, Santa Bárbara y Tona; Carrera 3 entre Calle 5 y Calle 14 de Puente Nacional; Curití – Pescaderito; Valle de San José – Ocamonte; Ocamonte - Límites Con Valle De San José; Puente Vehicular sobre la Quebrada la Fuente sector la Ermita, en el Páramo; Aguada – Guepsa; Paloblanco – Bolívar y Guapotá - La Estación.

“El Gobierno Departamental ha tenido voluntad de optimizar los recursos, sabemos que el recorte de regalías le han significado a los gobiernos anterior, éste y el próximo, un tema no tan fácil para la ejecución”, señaló el diputado Fredy Cáceres Arismendy, al tiempo que resaltó las acciones que han permitido que se avance en varias obras de Girón que desde hace mucho tiempo estaban siendo reclamadas por la comunidad pero que hoy ya están en ejecución.

En el paquete de nuevos recursos están los $59 mil 605 millones del adicional del Contrato Plan, para atender 10 corredores viales: Girón – Zapatoca; San Vicente – La Renta; Contratación – Guadalupe; Socorro – Páramo; Chipatá – Vélez – La Paz; Puente Nacional – Guavatá; Guacamayo – Contratación; mejoramiento de la vía La Paz – Gualilo; Páramo – Socorro y El Carmen – Yarima.

Para la construcción del Intercambiador Vial Guatiguará en Piedecuesta, el Departamento logró $36 mil millones y para la construcción del Centro Polifuncional de Cimitarra $4.109 millones, provenientes del Invías.

Asamblea de Santander aprobó la realización del debate de control político sobre la crisis que afronta Fertilizantes Colombianos S.A.

La plenaria de la Asamblea de Santander aprobó este martes la proposición presentada por los diputados Carlos Alberto Morales Delgado, Camilo Torres Prada, Yolanda Vargas, Mario Antonio Cárdenas y Fredy Cáceres Arismendy; para la realización un debate de control político donde, además de analizar su crisis por la que afronta la empresa Fertilizantes Colombianos, se defina de una vez por todas su futuro.

Para el diputado Camilo Torres Prada, “Ferticol es una empresa estatal que se ha visto afectada con parálisis en sus actividades cotidianas y la intervención por la ley 550 de 1999 (ley de quiebras) debido a la crisis financiera que atraviesa por diversas razones y donde el Estado tiene responsabilidad por ser parte accionaria y designa la administración de la misma, así como de hacer el seguimiento, evaluación y control para velar por la efectividad y sostenimiento de la empresa, sin dejar a un lado a los actores que intervienen en ella”.

El corporado recordó que “el 27 de enero del año pasado, surgió una luz de esperanza para salvar a Ferticol de su inminente liquidación a través de un acuerdo realizado con los acreedores y los gestores de salvamento, donde se da la reestructuración y la ampliación del plazo en un lustro más y dos años para pagar deudas, lo que dio lugar a que se aprobara la enajenación de parte de sus activos como medida de recaudación de recursos pero al día de hoy no se han dado resultados en la estabilidad de la crisis y que por otro lado parece que se han estado dilatando las alternativas y proyectos acordados para sacar a la factoría de su situación”.

Entre esos acuerdos –dijo Torres Prada- está el de no liquidar la empresa, no privatizarla, ni abrir una capitalización, pero si permitir que le sector privado intervenga con inversiones de participación en la producción y comercialización agregada en las tres líneas de negocio, comercialización, reparación, repotenciación y modernización de las plantas para aumentar la productividad y la generación excedente de energía eléctrica para vender en el mercado nacional y reabrir la oportunidad de fomentar el desarrollo local como el sector agrícola.

Bajo esa situación, que urge atención tanto del gobierno departamental como nacional, así como de Ecopetrol y de directivas y trabajadores, “se hace necesario realizar una sesión en la Asamblea de Santander para poder ejercer el debido control con respecto a la ruta de salvamento” y para ello citar al Secretario de Agricultura, a la Contraloría departamental e invitar al gerente de la empresa Elkin Doria, para que rindan un informe detallado respecto la situación de Ferticol y para que respondan cuestionamientos con respecto a los temas financieros de producción y de gestión.

La fecha del debate se conocerá en las próximas horas, según confirmó el Presidente de la Duma Departamental, Arley Octavio Valero Sáenz.

Diputados revisarán qué tanto se ha avanzado en el Plan de Seguridad Alimentaria y las demoras en la ejecución de proyectos por regalías.

La Asamblea Departamental anunció la realización de dos debates de gran relevancia para los santandereanos, los cuales se agendarán en las sesiones ordinarias que actualmente se desarrollan. El primero tiene que ver con el proyecto de ordenanza fallido que presentó el gobernador Didier Tavera, a finales del año pasado, que tenía que ver con la adopción del Plan de Seguridad Alimentaria (PSSAN). En el segundo debate, la Duma analizará el por qué existen demoras en la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías.

La diputada Yolanda Vargas Hernández, autora de las dos proposiciones que dan vida al estudio de estos temas, destacó que en el caso del PSSAN, a finales de la vigencia anterior se hundió un proyecto de ordenanza debido a que no estaba a tono con la normatividad nacional. “En debate de control político analizaremos el avance de la actualización del plan de seguridad alimentaria del departamento de Santander y la correspondiente actualización y presentación del proyecto nuevamente ante esta corporación”, dijo.

El otro debate aprobado por la plenaria tiene que ver con las demoras en la ejecución de las diversas obras que se adelantan en el departamento y están financiados con recursos de regalías, que en varias ocasiones han sido declaradas siniestradas. Además, “no se están ejecutando los proyectos productivos, los cuales se convierten en la única oportunidades que tienen las comunidades para poder sostenerse”, destacó la corporada.

La mesa directiva anunciará en las próximas horas la fecha de estos dos debates de control político.

Diputados de Santander se declararon preocupados por la crisis económica y administrativa en el HUS

Para lograr eficiencia administrativa en la salud se debe reformar el sistema de tercerización. Así lo expresaron los diputados de Santander durante el debate de control político al Hospital Universitario de Santander (HUS). Para analizar el tema, la Asamblea citó al gerente del centro asistencial, Édgar Julián Niño; al Secretario de Salud de Santander, Luis Alejandro Rivero y se invitó a la Veeduría y a los trabajadores del hospital.

Durante la plenaria, el diputado Fredy Cáceres Arismendy, recordó que –aunque la crisis de la salud es a nivel nacional- hay temas como las deudas que se tiene con el personal, que perjudica el funcionamiento administrativo y la prestación de los servicios asistenciales al interior del HUS.

“Sobre el tema de la deuda a los trabajadores y frente a una supuesta crisis -y sobre la cual el gerente responde que no hay crisis en el universitario- son más de 900 personas que le dan vida al hospital que usted representa y que no puede, so pretexto de la tercerización de los sindicatos, que en el hospital no está pasando nada porque si está pasando porque de ellos (los trabajadores) depende el buen servicio que presta el hospital”, destacó el corporado citante.

En ese mismo sentido, el diputado Óscar Sanmiguel, dijo que “a diario recibimos muchas quejas de parte de la comunidad frente a la prestación del servicio. He recibido muchas quejas frente a la situación de los trabajadores y aquí tenemos que sincerarnos y lo que haya que corregir se corrige”. Expuso que “aquí se hacen acusaciones y se atacan a ciertas personas bajo una condición del pasado como si muchos de esos que acusan tuvieran suficiente autoridad moral para hablar de  lo que uno escucha y lo que tiene polarizado a este país”.

Tras enumerar la demora en la atención de citas especializadas, la crisis asistencial especialmente en urgencias y la carencia de ambulancias, la diputada Yolanda Vargas puso sobre la mesa la necesidad de recuperar el HUS y de solucionar situaciones que han generado la crisis del centro asistencial, “a uno la gente de la provincia lo llama como esa tabla de salvación, pero a vedes no tenemos respuesta”.

Tanto la Veeduría Departamental como los representantes de los trabajadores del HUS expusieron lo que a su parecer, han sido graves decisiones administrativas y responsabilizaron al gerente de la ESE de posible corrupción, direccionamiento de contratos y persecución laboral. Por su parte, el propio gerente Édgar Julián Niño, presentó la actual situación financiera y respondió a las observaciones hechas, tanto por los diputados como por los trabajadores.

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Asamblea Departamental de Santander - Departamento de Santander - Colombia

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