“Ha existido negligencia de las autoridades y no ha habido eficiencia ni responsabilidad de Ecopetrol”: Diputados en La Lizama

La Asamblea de Santander se convirtió en la primera corporación pública que le hizo un debate de control político a Ecopetrol y a las autoridades ambientales –en el propio sitio del desastre- acerca de sus responsabilidades sobre la afectación ambiental y social del afloramiento de crudo que se viene generando en la vereda La Lizama (Corregimiento La Fortuna de Barrancabermeja) desde el pasado 2 de marzo.

Los diputados y las propias comunidades del lugar, denunciaron que la calamidad, además de ser una catástrofe de gran dimensión, también es el resultado del olvido en la que tiene la petrolera nacional a las comunidades, paradójicamente, las zonas donde están apostados los pozos de explotación son las más pobres de Santander.

“¿Hasta cuando los barranqueños tenemos que seguir aguantando la contaminación de Ecopetrol sin que pase nada y sin que haya responsable directos?  Ese buen vecino que teníamos y esos temas de responsabilidad de Ecopetrol ya no se ven y las autoridades ambientales cuajadas de la risa”, indicó el diputado Camilo Alfonso Torres Prada, al tiempo que propuso al legislativo nacional que reforme en favor de los municipios petroleros el régimen de regalías.

El diputado Óscar Mauricio Sanmiguel denunció la falta de planes de contingencia para este tipo de emergencias y la omisión de las advertencias de la Contraloría General de la República: “¿Qué pasó con la hipótesis que es la presión que ejerce Hidrosogamoso en la zona la que ha generado el afloramiento y por qué no se hicieron los estudios antes de construir semejante obra?”, al tiempo que reveló que existen otros eventos similares en El Carmen de Chucurí.

El diputado Fredy Cáceres Arismendy lamentó que hoy, cuando se cumplen 100 años de la industria petrolera en Colombia, se debe “celebrar” con una de las más graves crisis ambientales, “esta es una noticia de envergadura internacional el impacto ambiental que estamos viviendo en esta región y nosotros hoy vinimos a colocar unas reclamaciones justas y unas compensaciones a que tienen derechos las comunidades”.

El diputado Mario Antonio Cárdenas fue más allá, denunció que tiene como demostrar que hubo “tres explosiones antes del 2 de marzo y que Dios no lo quiera, que no haya sido un piloto de Fracking”, por lo que solicitó que se descarte tal versión y calificó como un “fortín de la politiquería” a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y demás entes encargados de propender por el medio ambiente, por su negligencia para sancionar a los responsables.

“Crear un Plan de Desarrollo para las zonas como La Lizama, a fin de potencializar estas regiones de manera económica y brindarles solución a sus más grandes necesidades”, fue la propuesta presentada por la diputada Yolanda Vargas quien también lanzó unas jornadas de solidaridad con las personas asentadas cerca de los pozos que afectaron ambientalmente esta zona limítrofe entre Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.

La Asamblea de Santander designó una comisión de diputados para revisar los compromisos adquiridos por Ecopetrol con las comunidades e instó a las autoridades ambientales a asumir su papel para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.

“Hay muchas cosas por solucionar”: Diputados de Santander le pasaron revista al Programa de Alimentación Escolar - PAE Santander

El Gobierno de Santander debe solucionar cuanto antes las diversas situaciones que impiden que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) cumpla con su objetivo. Los diputados del departamento realizaron un debate de control político en el que abordaron, junto con los actores de la estrategia gubernamental, las posibles irregularidades que hoy tienen insatisfechos a contratistas, proveedores y a la comunidad estudiantil.

La Asamblea de Santander citó a la Secretaria de Educación, Doris Gordillo, para que “explique el por qué no se ha liquidado el contrato de 2017 y las razones que llevaron a que no se le haya cancelado al contratista; lo que perjudica sustancialmente a un centenar de proveedores, quienes se endeudaron para cumplir con la ejecución del PAE pero hoy, producto de la demora en el pago, están perjudicados”, destacó el diputado Mario Antonio Cárdenas.

Dentro de las voces críticas del Programa, estuvo la del diputado Édgar Suárez Gutiérrez, quien expuso su preocupación por la situación que afrontan los proveedores, pero fue más allá, denunció que alrededor del PAE hay unos carteles, “que le incumplen a los estudiantes, que no les llevan alimentos de calidad o en buenas condiciones y que poco o nada le aportan al emprenderismo santandereano”, debido a que los insumos con los que se preparan las raciones ahora nos los traen de la costa”.

El diputado Fredy Cáceres Arismendy, recalcó la necesidad de hacer efectiva las sanciones a los contratistas que no estén cumpliendo con la calidad de los alimentos, “el propio gobernador Didier Tavera le solicitó actuar ante el incumplimiento sistemático, ¿qué vamos a hacer con esa instrucción, señora Secretaria (de Educación)?”, cuestionó y también puso sobre la mesa el testimonio de “cien familias que fueron proveedoras pero que hoy están quebradas”.

Alrededor de la Secretaría de Educación hay otras actividades que ocupan también la atención de los funcionarios, justificó el diputado José de Jesús Villar, recalcó que es necesario que el operador y la interventoría cumplan el objeto del contrato, “eso es lo que buscan los rectores de los colegios, es lo que buscan las veedurías, los padres de familia y los diputados, que se logre una solución real”, por lo que propuso que en un plazo perentorio las diversas situaciones que han accidentado el PAE 2018, se resuelvan satisfactoriamente.

Durante el debate, Doris Gordillo, Secretaria de Educación; José Joaquín Plata, Contralor Auxiliar; los representantes legales de los operadores del PAE 2017 y 2018 y varios de los proveedores, también fueron escuchados por los diputados.

El jueves 12 de abril sesionará la Asamblea de Santander en La Lizama, para debatir la situación social y ambiental por afloramiento de petróleo

Los diputados de Santander anunciaron un debate de control político en La Lizama, en la propia zona de desastre ambiental. La Duma Departamental abordará, junto con las autoridades nacionales y entes de control, la crisis que se generó hace un mes en el pozo 158 de Ecopetrol, que se ubica en el corregimiento La Fortuna (Barrancabermeja). La situación social y ambiental es preocupante.

Como se recordará, el mencionado pozo petrolero empezó a emanar chorros de crudo que arrasaron con todo a su paso. Esa situación se registró el pasado 2 de marzo, pero a la fecha, todavía se pueden observar claramente los destrozos en las orillas de las quebradas La Lizama, Caño Muerto y el Río Sogamoso, afluentes que fueron afectados en 24 kilómetros de tramo.

“No existen precisiones sobre lo que pasó en el pozo 158 de La Lizama; la Agencia Nacional Hidrocarburos (ANH) había otorgado unos permisos provisionales y Ecopetrol, que es la compañía operadora, tiene que rendir cuentas no sólo a la población de la zona sino a Santander y al país sobre qué tipos de problemas se presentaron con ese pozo. Hay que mirar todos los impactos que se causaron, hay que mirar si hubo planeación en el proceso y si el pozo estaba activado o si estaba cerrado”, expuso el diputado e Ingeniero de Petróleos, Carlos Alberto Morales Delgado.

Dijo que “esas consideraciones se van a plantear en una sesión descentralizada que vamos hacer en ese sector. Y lo hacemos porque históricamente, no solamente no obedece a lo que se presentó en La Lizama sino lo que se está presentando en todos los sectores geográficos de Santander y el país donde se desarrollan proyectos de explotación de hidrocarburos, proyectos que tiene que ver con construcción de hidroeléctricas como Hidrosogamoso y proyectos de explotación minera”.

El debate se cumplirá el próximo jueves 12 de abril y es la primera sesión descentralizada que realiza la Asamblea de Santander en 2018.

La Asamblea de Santander reanudará el debate de control político del Programa de Alimentación Escolar, PAE Santander, el próximo 10 de abril

Los diputados de Santander decidieron suspender el debate de control político sobre la licitación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE Santander, de los años 2017 y 2018, el cual estaba previsto cumplirse este miércoles en la plenaria. Sin embargo, en sesión informal, fueron escuchados los proveedores del programa del año anterior, a quienes aún no se les cancela por la prestación de sus servicios.

Aunque la sesión contó con la presencia de todos los actores del PAE Santander, los diputados votaron la Proposición de aplazar el debate para el 10 de abril, debido a varias situaciones normativas que, de no acatarlas, podrían generar situaciones inconvenientes para la Duma. Así lo explicó el Presidente de la Corporación, Arley Octavio Valero Sáenz.

“El día de hoy concurrimos todos los diputados a las 7:00 de la mañana, hicieron presencia algunos proveedores, hicieron presencia el jurídico de la Gobernación y la DOCTORA Doris Gordillo, Secretaria de Educación; pero ella había presentado con anterioridad una excusa médica. Nosotros decidimos suspender el debate porque con tres días antes se deben hacer llegar los informes para que tengamos un conocimiento claro y tengamos tiempo de estudiar y hacer intervenciones. Pero no llegó ningún informe y el Reglamento Interno nos dice que ese es una causal para aplazar el debate”, dijo el corporado.

Por su parte, el diputado José de Jesús Villar, explicó que el debate “es muy importante porque tiene que ver con alimentación de los niños del departamento”, expuso que “este problema que hay con los PAE es a nivel nacional”, pero precisó que “según el Reglamento Interno de la Asamblea, en su artículo 63, se debe contestar los cuestionarios por escrito con anticipación y al día de hoy no había llegado la contestación de los mismos”, además, “la Secretaria de Educación presentó una excusa el día ayer donde se encontraba incapacitada y estando ella presente en esa condición, estaríamos incurriendo algún problema jurídico”.

Para el diputado Luis Eduardo Díaz, “hay temas que hay que aclararle a la opinión pública cómo la diferencia que hay entre la Oficina Jurídica y la Secretaría de Educación en cuanto a la adjudicación del PAE 2018 y se trata también que la Asamblea en conjunto con todos los actores miren como ayudan a que se solucione al pago de aquellos subcontratistas del PAE 2017 quienes ya cumplieron y el contratista ya presentó todas sus actas pero aparentemente algunos rectores dijeron que esas actas no eran coherentes con la realidad y que los habían obligado a firmar esas actas como dijo la Secretaria de Educación en una sesión del año pasado en este recinto”.

Frente a la calamitosa situación por la que atraviesan los proveedores del PAE 2017, el diputado Édgar Suárez Gutiérrez, expuso que “están totalmente en la quiebra, el operador les debe casi 10 mil millones de pesos y la Gobernación de Santander le adeuda del año pasado al operador casi 22 mil millones de pesos, o sea,  nosotros mismos los estamos llevando a la quiebra”, por lo que exigió respuestas concretas de la Secretaría de Educación Departamental.

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